Foto: Penitenciaría Nacional (A.G.N.)

Del libro Las Cárceles de la Miseria, Cap. II "La Tentación penal en Europa", LOÎC WACQUANT (Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2004)

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Lo que hay que retener, más que el detalle de las cifras, es la lógica profunda de ese vuelco de lo social hacia lo penal. Lejos de contradecir el proyecto neoliberal de desregulación y extinción del sector público, el irresistible ascenso del Estado penal norteamericano constituye algo así como su negativo –en el sentido de reverso pero también de revelador-, porque traduce la puesta en vigencia de una política de criminalización de la miseria que es el complemento indispensable de la imposición del trabajo asalariado precario y mal pago como obligación ciudadana, así como de la nueva configuración de los programas sociales en el sentido restrictivo y punitivo que le es concomitante. En el momento de su institucionalización en la Norteamérica de mediados del siglo XIX, "la cárcel era ante todo un método que apuntaba al control de las poblaciones desviadas y dependientes", y los detenidos eran principalmente pobres e inmigrantes europeos recién llegados al Nuevo Mundo. En nuestros días, el aparato carcelario estadounidense cumple un papel análogo con respecto a los grupos a los que la doble reestructuración de la relación salarial y la caridad estatal ha hecho superfluos o incongruentes: los sectores en decadencia de la clase obrera y los negros pobres de las ciudades. Al actuar de ese modo, ocupa un lugar central en el sistema de los instrumentos de gobierno de la miseria, en el cruce del mercado del empleo no calificado, los guetos urbanos y unos servicios sociales "reformados" con vistas a apoyar la disciplina del trabajo asalariado desocializado.

a.- Prisión y mercado del trabajo no calificado. En primer lugar, el sistema penal contribuye directamente a regular los segmentos inferiores del mercado laboral, y lo hace de manera infinitamente más coercitiva que todas las deducciones y gravámenes sociales y reglamentaciones administrativas. Aquí, su efecto es doble. Por una parte, comprime artificialmente el nivel de desocupación al sustraer por la fuerza a millones de hombres de la "población en busca de un empleo" y, de manera secundaria, al provocar el aumento del empleo en el sector de bienes y servicios carcelarios, fuertemente caracterizado por los puestos precarios (y más aún con la privatización del castigo). Se estima así que durante la década del noventa las cárceles disminuyeron en dos puntos el índice de desocupación norteamericano. De hecho, y según Bruce Western y Katherine Beckett, una vez tomados en cuenta los diferenciales de índice de encarcelamiento entre los dos continentes, y al contrario de la idea comúnmente admitida y activamente propagada por los vates del neoliberalismo, los EEUU mostraron un índice de desocupación superior al de la Unión Europea durante 18 de los últimos veinte años (1974/94).

Western y Beckett muestran, de todas formas, que la hipertrofia carcelaria es un mecanismo de doble filo: si bien a corto plazo embellece la situación del empleo al recortar la oferta de trabajo, en un plazo más largo no puede sino agravarla, al hacer que millones de personas sean poco menos que inempleables: "El encarcelamiento redujo el índice de desocupación norteamericano, pero su mantenimiento en un nivel bajo será tributario de la expansión ininterrumpida del sistema penal". De allí el segundo efecto del encarcelamiento masivo sobre el mercado laboral (que Western y Beckett ignoran), consistente en acelerar el desarrollo del trabajo asalariado de miseria y de la economía informal, al producir sin cesar una amplia reserva de mano de obra sometida a voluntad: los ex detenidos no pueden pretender prácticamente otra cosa que empleos degradados y degradantes a causa de su status judicial infamante. Y la proliferación de los establecimientos de detención a través del país –su número se triplicó en treinta años y hoy supera los cuatro mil ochocientos- contribuye directamente a alimentar la difusión nacional y el crecimiento de los tráficos ilícitos (drogas, prostitución, encubrimiento) que son el motor del capitalismo de rapiña de la calle.

b.- Prisión y mantenimiento del orden racial. La sobrerrepresentación masiva y creciente de los negros en todos los escalones del aparato penal ilumina con una luz cruda la segunda función que asume el sistema carcelario en el nuevo gobierno de la miseria en los EEUU: suplir al gueto como instrumento de encierro de una población considerada como desviada y peligrosa lo mismo que superflua, tanto en el plano económico –los inmigrantes mexicanos y asiáticos son mucho más dóciles- como político -los negros pobres apenas votan y el centro de gravedad electoral del país, de todas formas, se desplazó de los centros decadentes de las ciudades a los suburbios blancos acomodados.

En este aspecto, la prisión no es más que la manifestación paroxística de la lógica de exclusión de la que el gueto, desde su origen histórico, es instrumento y producto. Durante el medio siglo (1915/1965) dominado por la economía industrial fordista para la que los negros representan un aporte de mano de obra indispensable, vale decir, desde la Primera Guerra Mundial, que desencadena la "gran migración" de los estados segregacionistas del sur a las metrópolis obreras del norte, hasta la revolución de los derechos civiles, que por fin les abre el camino al voto cien años después de la abolición de la esclavitud, el gueto hace las veces de "prisión social", en el sentido de que asegura el ostracismo sistemático de la comunidad afroamericana, a la vez que permite la explotación de su fuerza de trabajo. Desde la crisis del gueto, simbolizada por la gran ola de revueltas urbanas de la década del sesenta, corresponde a la cárcel, a su turno, cumplir el papel de "gueto", al excluir las fracciones del (sub) proletariado negro persistentemente marginadas a causa de la transición a la economía dual de los servicios y la política de retirada social y urbana del Estado federal. Las dos instituciones se acoplan y se completan, en la medida en que cada una de ellas sirve, a su manera, para asegura el apartamiento (segregare) de una categoría indeseable percibida como generadora de una doble amenaza, inseparablemente física y moral, sobre la ciudad. Y la simbiosis estructural y funcional entre el gueto y la prisión encuentra una expresión cultural y sobrecogedora en los textos y el modo de vida exhibidos por los músicos de "gangster rap", como lo atestigua el destino trágico del cantante y compositor Tupac Shaku.

c.- Prisión y asistencia social. Como en su origen, la institución carcelaria está de ahora en más en contacto directo con los organismos y programas encargados de "asistir" a las poblaciones desheredadas a medida que se opera una interpenetración creciente de los sectores social y penal del Estado poskeynesiano. Por un lado, la lógica panóptica y punitiva característica del campo tiende a contaminar y luego a redefinir los objetivos y dispositivos de la ayuda social. Así, además de haber reemplazado el derecho a la asistencia de los niños indigentes por la obligación para sus padres de trabajar al cabo de dos años, la "reforma" del welfare avalada por Clinton en 1996 somete a los beneficiarios de la ayuda pública a un registro invasivo y establece una supervisión estrecha de sus conductas –en materia de educación, trabajo, droga y sexualidad-, susceptible de desembocar en sanciones tanto administrativas como penales. (Por ejemplo, desde octubre de 1998, en Michigan, los receptores de ayuda deben someterse obligatoriamente a una prueba de detección de estupefacientes, a semejanza de los condenados en libertad vigilada o condicional). Por otro lado, las cárceles, quiéranlo o no, deben hacer frente, a las apuradas y con los medios disponibles, a las dificultadas sociales y médicas que su "clientela" no pudo resolver en otra parte: en las metrópolis, la principal vivienda social y la institución en que se brindan cuidados accesibles a los más indigentes es la prisión del condado. Y la misma población circula en un circuito casi cerrado de un polo a otro de ese continuum institucional.

Por último, las restricciones presupuestarias y la moda política de "menos Estado" incitan a la mercantilización tanto de la asistencia como de la prisión. Muchas jurisdicciones, como Texas o Tennessee, ya consignan a una buena parte de sus detenidos en cárceles privadas y subcontratan con empresas especializadas el seguimiento administrativo de los receptores de ayuda sociales. Lo cual es una manera de hacer que los pobres y los presos (que eran pobres afuera y, en una abrumadora mayoría, volverán a serlo al salir) sean "rentables", tanto en el plano ideológico como en el económico. De tal modo, se presencia la génesis, no de un mero complejo carcelario industrial, como lo sugirieron algunos criminólogos, seguidos en esto por los militantes del movimiento de defensa de los presidiarios, sino en verdad de un complejo comercial carcelario asistencial, punta de lanza del Estado liberal paternalista naciente. Su misión consiste en vigilar y sojuzgar, y en caso de necesidad castigar y neutralizar, a las poblaciones insumisas al nuevo orden económico según una división asexuada del trabajo, en que su componente carcelaria se ocupa principalmente de los hombres, en tanto que la componente asistencial ejerce su tutela sobre (sus) mujeres e hijos. De acuerdo con la tradición política norteamericana, este conjunto institucional heterogéneo en gestación se caracteriza, por un lado, por la interpenetración de los sectores público y privado, y por el otro, por la fusión de las funciones de señalamiento, recuperación moral y represión del Estado.

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