VIVIENDA: CIEN MIL PROBLEMAS POR RESOLVER

Lic. Eduardo Peduto
Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Vicepresidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña

El Fondo Nacional de la Vivienda está constituido por un recurso que alcanza los 900 millones de pesos al año. El siguiente cuadro es una muestra de cómo se distribuyen esos recursos, de acuerdo a la ley que regula el funcionamiento del FONAVI (se incluyeron sólo los casos más significativos):

Este cuadro con el que encabezo mis reflexiones tiene la intención de demostrar la asimetría brutal de recursos aplicados a la solución del problema habitacional. Si bien no parece atinado hacer comparaciones hacia el interior de la pobreza, no creo que debamos dejar de lado que la crudeza de las condiciones de existencia en una gran ciudad como es la de Buenos Aires tienen peculiaridades que deben resaltarse. Entre ellas hay dos que, a mi juicio, adquieren fuerte relevancia: por un lado, la hostilidad predominante como obstáculo frente a la solidaridad y, por el otro, la circunstancia de que los bienes y servicios sólo son asequibles mediante la utilización de moneda.

La Ciudad de Buenos Aires tiene hoy un déficit acumulado de viviendas que permite sostener que su número oscila en las cien mil. Si el déficit debe ser subsanado a partir de la construcción de estas unidades estamos hablando de cinco millones de metros cuadrados –partiendo de una media de cincuenta metros cuadrados por unidad– lo que equivale a una cifra aproximada de 3.500 millones de pesos. Para que se pueda tener una idea de cual es la magnitud de esta cifra, diremos que ello equivale al presupuesto anual del Gobierno de la Ciudad. Si bien resulta impensable que esto se pueda hacer de golpe, lo que nos permite es señalar que un plan a cinco años significaría la disponibilidad financiera de setecientos millones al año (cifra apenas inferior a lo que insume la Educación o la Salud anualmente).

Esto implica que el tema de la vivienda es de tal magnitud que debe ser colocado en un lugar privilegiado en la agenda pública de las políticas de Estado a desarrollar. La Ciudad de Buenos Aires, independientemente del aporte que hace el gobierno local anualmente que es del orden de los setenta millones de pesos, debe recibir como aporte del Fondo Nacional de la Vivienda una cifra muy superior a la que hoy percibe. Si sólo tomáramos como legítima la cifra de veinticinco pesos per capita (suma que resulta de dividir la totalidad de Fondo por la cantidad de habitantes) ello significaría un aporte adicional de cincuenta y cinco millones de pesos anuales. Como se verá, esto no alcanza para la magnitud del problema que planteamos. Se necesitaría la obtención de créditos blandos, tanto locales como internacionales, para poder abordar el problema con seriedad.

Sin embargo, cabe aclarar que se necesita simultáneamente superar otro tipo de escollos. Hay un viejo axioma que reza que la ideología dominante es la de la clase dominante. Traducido al tema que nos ocupa, esto ha llevado a que exista en el imaginario social una asociación indisoluble entre el derecho a la vivienda y la propiedad de la misma. Hay una cantidad significativa de países –especialmente europeos– donde el derecho a la vivienda no se encuentra asociado a la propiedad de la misma, sino que esa necesidad se ve satisfecha por una acción pertinaz y permanente del Estado a través del mecanismo del alquiler social. La ruptura de este valor cultural predominante permitiría la adopción de una batería de medidas que juzgo mucho mas aptas para la situación estructural que vivimos. Una sintética descripción de esa batería es la siguiente: subsidio al alquiler de viviendas, alquiler social de viviendas, construcción de viviendas sociales (con fomento de la constitución de cooperativas o estímulo de la metodología de autoconstrucción). Para que esta batería resultara eficaz se hace necesario simultáneamente la transformación integral del organismo que hoy tiene a su cargo la cuestión: la Comisión Municipal de la Vivienda. Transformación que no hace sólo a su forma de operar sino a su propia constitución, así como a los mecanismos sociales que permitan auditar (antes, durante y después) los distintos programas que se lleven a cabo.

EDUARDO PEDUTO es Licenciado en Sociología. Es Vicepresidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña donde integra además las Comisiones de Salud y Relaciones Interjurisdiccionales. Es coautor del Proyecto de Ley "Instituto de la Vivienda Social de la Ciudad de Buenos Aires", cuyo texto puede consultarse en el sitio www.legislatura.gov.ar

El presente artículo fue enviado por el autor para su publicación en Contratiempo.

 

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