La construcción de un paseo público en la Buenos Aires del siglo XVIII ha sido analizada preferentemente desde dos puntos de vista: la relación de la alameda con el carácter simbólico del rol que asumiría la ciudad en la segunda mitad del siglo y fundamentalmente el conflicto que suscitaría su construcción en el seno del cabildo durante el gobierno de Bucarelli.

Si revisamos la historiografía y la documentación referente al tema vamos a constatar que la iniciativa de la obra no surgiría durante el mandato de Bucarelli; la idea se plantearía en el gobierno de Cevallos (1756-1766) y su ejecución se extendería durante largos años. El problema simbólico es asociable a un período de tiempo muy amplio. Por lo menos es posible vincular sus avatares con casi todos los gobiernos coloniales (especialmente los de Vértiz y Sobremonte) y con los del proceso de organización nacional (particularmente el de Juan Manuel de Rosas). La cuestión central siempre había sido la dificultad de la comunicación de la ciudad con el río; los responsables de cualquier construcción ubicada sobre el borde de la ciudad así como todas las innovaciones que se intentaran en el sector costero, como el muelle de pasajeros, la aduana o el Paseo de Julio, necesariamente tendrían que balbucear algún tipo de comentario sobre la alameda. Otros países coloniales o republicanos demostrarían que tales obras no habían sido un capricho personal de los gobernantes; tanto el virrey Amat de Perú como el virrey Bucarelli (del mismo nombre pero sin vinculación) de México, desarrollarían "adornos" –designación de Vértiz- urbanos similares. La valoración simbólica era algo indiscutible; las posibilidades económicas una cuestión independiente. Por eso es más llamativo el hecho que durante el gobierno de Don Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa (1767-1770) los representantes de los ciudadanos de Buenos Aires se opusieran a su realización. ¿Cuál podría haber sido la causa de esta actitud? En su descargo Bucarelli expresaría que los miembros del cabildo querían tener "la complacencia de oponerse al gobernador, porque no encuentran otro medio de manifestar su encono por haber sido el instrumento de VM para expulsar sus Adorados Padres de la llamada Compañía de estas Provincias". Sin embargo la expulsión de los jesuitas de por sí no había sido causa de disturbios particulares que justificasen tal asociación. Bucarelli sólo había desterrado a Miguel de Rocha, un abogado "cuyo genio turbulento y otros defectos" según el acusador, lo sindicaban como contrario al Rey. Otros serían enviados a España como el Teniente Coronel Josep Nieto; lo acusarían de organizar juntas nocturnas. La verdad es que había discutido atrevidamente con el ex jesuíta Ibañez de Echevarri (expulsado de la orden). A su vez mencionaría a "varios …que si hubieran tenido anticipada noticia de la resolución tomada contra los jesuitas habrían dejado el empleo, para libertarse de ser instrumento de practicarla"; aludiría a los vecinos Domingo Ucedo, Manuel Warnes e Isidro Balbastro.

Ningún discurso que justificara la obra de la alameda o la rechazara podría actuar como un detonante. Bucarelli no sólo tenía para aducir las dificultades que había para acceder desde la ciudad a la costa -se tenía que mejorar el ingreso de los pasajeros de los barcos- sino también cuestiones de circulación hacia el norte y hacia el sur. También se podían mencionar defectos necesarios de subsanar respecto de la potencia de tiro del fuerte; había que modificar el relieve del entorno. Hasta se debía cambiar toda la presentación de la ciudad al viajero -como se hacía contemporáneamente en otras-: evitar la acumulación de deshechos en la barranca del río y erradicar las viviendas ubicadas en las bajadas, donde se hacinaba la población de bajos recursos.

De todos modos Bucarelli sería acusado de pretender la ejecución de un capricho. El gobernador protestaría; los ediles habían justificado su rebelión con la excusa de que "la obra ha sido un paseo para recreo mío a costa de los fondos públicos". Tampoco habrían sido las deudas del ayuntamiento el problema mayor "el cabildo tiene muy poco cuidado de extinguir las deudas"(por ejemplo el reloj, la torre y el relojero). Ni siquiera sería importante la propia alameda; hasta el 18 de febrero de 1768 habían aprobado su construcción. Evidentemente había otras consideraciones que iban mucho más allá de las cuestiones difundidas; …"aquellos vocales conspirados a hacerme oposición llegaron ya al extremo de faltarme a la obediencia y el respeto."

Había ediles a favor y en contra. ¿Quiénes apoyaban a Bucarelli? En 1767 los alcaldes Don Vicente de Azcuénaga y Don Manuel de Basabilvaso serían los referentes de sus decisiones. A la vez, ambos le ofrecerían una estrecha colaboración durante la expulsión de los jesuitas. Al describir la ocupación del colegio de San Ignacio Bucarelli referiría la presencia de Don Manuel Basavilbaso; en el de Belén sería mencionado Don Vicente de Azcuénaga. Los apellidos estaban entrelazados por casamiento; también lo harían por negocios. Manuel Basavilbaso y Vicente Azcuénaga luego actuarían como Superintendentes y capitalistas de las obras de la alameda. ¿Un hecho normal? Bucarelli le escribiría al Conde de Aranda que con respecto a la expulsión de los jesuitas "el dinero que se ha necesitado lo he buscado sobre mí crédito por no haberlo en las cajas de Real Hacienda". Si observamos que Julián Espinosa y Domingo Basavilbaso habían actuado juntos en la ocupación de la iglesia de Belén; que Espinosa y Sanginés tenían una sociedad comercial y que Domingo Basavilbaso les facilitaría la compra de terrenos de forma ilegal en Santo Domingo Soriano, empezaría a tener sentido el enigma de la alameda. Primero Sanginés y luego Espinosa serían nombrados administradores generales de las misiones guaraníes. Sanginés sería exceptuado por Bucarelli de cualquier revisación; Espinosa sería acusado por el Protector de Naturales de estafas reiteradas pero también lo exculparían. Esas tierras de Santo Domingo Soriano explicarían muchas cosas; por allí se robarían grandes cantidades de ganado corrido al Río Negro y el Yí perteneciente al pueblo de Yapeyú. No es temática para llevarse una sorpresa. Azcuénaga y los Basavilbaso estarían en todas las transacciones; habían sido los principales fiadores de los más importantes comerciantes de Buenos Aires, entre ellos Martín de Sarratea, el siguiente alcalde. ¿Podría entenderse el desaguisado entre los ediles como la protesta de los que quedaron afuera del negocio? No tenemos un documento que avale estas consideraciones. Pero con este punto de vista podríamos empezar a tener un panorama más claro del enigma de la alameda.

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